Con arreglo a la Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo), los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o las que puedan verse afectadas por la contaminación de nitratos. También deben calificar como vulnerables las superficies que fluyan hacia esas aguas y establecer programas para prevenir y reducir la contaminación.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a España 2018 y un dictamen motivado en 2020 en los que se comentaba el incumplimiento de las disposiciones de la Directiva.
A pesar del esfuerzo por solventar esta situación y algunos avances, España todavía debe adoptar medidas adicionales ya que las establecidas no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva. Además, debería seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones y adoptar medidas adicionales en las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes.
La Comisión considera que, a día de hoy, los esfuerzos que se han realizado han sido insuficientes y es por esto que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.